El secretario de Estado de Minería, Guillermo Bilardo, se refirió a las modificaciones propuestas por el Gobierno Nacional sobre el Acuerdo Federal Minero en el marco del COFEMIN, que en la actualidad analizan las provincias con esta actividad extractiva y que planea modificar aspectos inherentes a la toma de mano de obra local, a la Responsabilidad Social Empresaria, al compre local, como así también sobre el rol del Estado a través de las empresas públicas.

En ese sentido, el primer punto que Bilardo marcó como negativo, fue que “no se podrá establecer más como prioridad la contratación de trabajadores radicados o nacidos en Santa Cruz, al igual que para la provisión de bienes, servicios e insumos, ya que prohibirá la celebración de acuerdos o normas que apoyen esta política de Estado que desde el Gobierno Provincial estamos fuertemente impulsando, tanto a través de la Ley 3.141 como de la Mesa de Gestión Minera”.

En lo que tiene que ver con el desarrollo de la cadena de valor y de proveedores, el funcionario provincial resaltó que “si bien con estas modificaciones tienen en cuenta la necesidad de desarrollar proveedores de cada uno de los eslabones de la cadena de valor, perjudican al empresariado local al establecer que será sin priorizar a los proveedores santacruceños, a contramano de todos los esfuerzos que se está haciendo de manera conjunta con el sector nucleado en la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz o de la Federación Económica de Santa Cruz”.

Además, explicó que “en materia de Responsabilidad Social Empresaria, desde el Gobierno Nacional plantean dejar sin efecto la inversión que hoy las operadoras están realizando en Salud, Educación, Vivienda o Seguridad, vulnerando los acuerdos ya existentes entre el Estado Provincial, los municipios y las propias operadoras”, agregando luego que “sí habilita la posibilidad de crear un Fondo Minero de Desarrollo – que administraría la Secretaría de Minería de la Nación - con un porcentaje menor al que en la actualidad las operadoras aportan al Fideicomiso UNIRSE y desde donde se invierte en estos sectores vitales para el Estado”.

Y sobre este Fondo Fiduciario en particular, abundó en que “se pretende dejarlo sin efecto en un plazo de 90 días, ya que plantean ‘evitar en lo sucesivo la creación de tributos, impuestos, contribuciones, tasas, derechos o cualquier otro tipo de aporte a ser aplicado en forma directa o indirecta al sector minero’, concentrando aún más la renta hacia este sector de la economía”, detalló.

Finalmente, y sobre lo que este nuevo AFM planifica en lo que respecta al rol de las empresas del Estado, como FOMICRUZ, Bilardo hizo hincapié en que “también nos perjudicará, junto al resto de las provincias, ya que nuestra empresa del Estado no podrá ser primera opción para adquirir derechos mineros de cualquier índole”.

“El Acuerdo Minero que propone el Gobierno Nacional perjudica a las Provincias – agregó Bilardo - y el único beneficio sería para las empresas que verían, una vez más, aumentada su renta. Nosotros vamos a proponer su discusión en el ámbito de la Organización Federal de Estados Mineros de la que participan los Gobernadores”, concluyó.