A partir de la polémica generada por el proyecto presentado por el diputado provincial Carlos Godoy del Bloque Unión por la Patria, para derogar la ley que creó Santa Cruz Puede S.A.U., el presidente de la empresa, Gustavo Sívori, salió al cruce de las críticas y defendió el funcionamiento de la Sociedad Anónima Unipersonal creada por el Estado provincial.Sívori sostuvo que existe “mucho desconocimiento” sobre el rol de la empresa y remarcó que la SAU funciona bajo controles legales, contables y estatales permanentes.“Santa Cruz Puede es una empresa creada por ley de nuestra Cámara de Diputados. Podemos estar de acuerdo o no, pero es una ley y tiene un marco legal regulado por la Ley 19.550  (Sociedades comerciales) y la Ley de Contrato de Trabajo”, afirmó. 

“Tenemos doble control y auditorías”

Uno de los principales cuestionamientos expresados por el diputado en redes sociales apuntó a una supuesta falta de transparencia y a un manejo discrecional de recursos públicos. Frente a eso, Sívori aseguró que la empresa se encuentra sometida tanto a los controles habituales de cualquier sociedad anónima como al control estatal del Tribunal de Cuentas.“Somos auditados por el Tribunal de Cuentas y este año ya fuimos auditados. Además, tenemos todos los controles que exige la ley para cualquier sociedad anónima”, explicó.En ese sentido, indicó que Santa Cruz Puede no depende financieramente del Tesoro provincial para afrontar sus gastos corrientes.

“Nosotros no vamos a pedir plata al Estado para pagar sueldos, combustible o gastos operativos. Eso sale de los negocios que genera la propia empresa”, señaló.Además, reveló que la empresa cerró su último balance “con utilidades”, al tiempo que aclaró que la información contable puede ser requerida por todos los organismos institucionales competentes.

“No reemplazamos ministerios”

Otro de los puntos cuestionados por el legislador provincial fue la presunta superposición de funciones con ministerios y organismos estatales. Sobre ese punto, Sívori fue categórico y sostuvo que la empresa no suplanta funciones públicas, sino que facilita inversiones y acelera proyectos productivos.

“Nosotros lo que hacemos es viabilizar inversión privada con rapidez, eficiencia y transparencia. No puedo reemplazar funciones de un ministerio ni saltear controles ambientales o administrativos”, sostuvo.

El titular de la SAU explicó que muchos de los proyectos impulsados requieren esquemas ágiles de articulación entre el sector público y privado, algo que —según dijo— sería mucho más lento mediante estructuras administrativas tradicionales.

Como ejemplo, mencionó proyectos productivos vinculados a la siembra, la industrialización de madera y la generación de empleo en distintas localidades.

“Hay 67 personas trabajando gracias a esto”

Sívori también defendió el impacto laboral de la empresa y aseguró que detrás de las críticas “hay trabajadores que sienten que se desvaloriza su esfuerzo”.

“Acá trabajan 67 personas. Cobran un sueldo en blanco y no lo paga el Estado, lo paga la empresa”, remarcó.

En ese marco, mencionó las distintas unidades productivas que actualmente desarrolla la SAU en la provincia, desde trabajadores fileteros en Puerto San Julián hasta emprendimientos vinculados a carpintería industrial y producción agrícola en El Calafate.

También defendió la recuperación del predio donde hoy funciona la empresa.

“Este lugar -donde otrora funcionaba Austral Construcciones y luego quedó abandonado- antes era una vergüenza para todos los santacruceños. Hoy es un polo de producción”, afirmó.

Preocupación por el impacto político sobre las inversiones

Finalmente, Sívori advirtió que los cuestionamientos públicos y proyectos de derogación generan incertidumbre en potenciales inversores privados interesados en desarrollar proyectos en Santa Cruz.

“¿Cómo va a venir alguien a invertir si al mismo tiempo se impulsa un proyecto para disolver una empresa que se creó hace un año y que ha demostrado ser eficiente y transparente?”, cuestionó.

El cruce se produce luego de que Godoy publicara un duro mensaje en redes sociales donde calificó a Santa Cruz Puede como “un Estado dentro del Estado” y denunciara falta de controles y concentración de decisiones dentro de la sociedad anónima impulsada por el Gobierno provincial.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.