Sin embargo, advirtió que la sustentabilidad del sistema está en riesgo debido a un déficit anual millonario, y denunció que las medidas cautelares a favor del Municipio de Río Gallegos, que retiene aportes de los trabajadores, son "el ejemplo más claro de una Justicia que garantiza el desorden y la impunidad".

En este marco, el mandatario provincial denunció “el funcionamiento selectivo de la familia judicial”. Si bien enfatizó que dicha definición se realiza en un contexto de absoluto “respeto institucional”, también fue taxativo al recordar que el sector tiene “la responsabilidad histórica de representar a un pueblo que votó, para terminar con un sistema que garantizó impunidad, desorden y corrupción durante décadas”.

“No hubo un solo condenado por corrupción en nuestra provincia”, recalcó. En tal sentido, comentó: “Somos una de las dos únicas provincias de todo el país donde el poder político nunca tuvo responsables ante la ley y, cuando este gobierno empieza a ordenar, a terminar con los privilegios y a hacer cumplir las normas, nos encontramos con una reacción que transforma a la justicia en la última trinchera de los gobiernos anteriores”.

Vidal recordó que su gestión realizó “decenas de denuncias por corrupción que se cajonean y que, lamentablemente, no han avanzado”, vinculando directamente esta inacción con el impacto negativo en la sociedad y en la vida cotidiana de cada ciudadano.

Tras puntualizar que la Caja de Previsión Social “no se transfiere a la Nación”, remarcó que la Ley Previsional “es muy clara” al establecer que “los aportes a la seguridad social son obligatorios, que el empleador actúa como agente de retención y que esos fondos que se le descuentan al trabajador deben ser depositados en la CPS”.

“No son recursos del municipio. No son recursos del Gobierno”, sentenció, al tiempo que insistió en que “son recursos de los trabajadores para garantizar su bien más preciado: su jubilación”.

En este punto, hizo un llamado al Poder Judicial respecto a la deuda del Municipio de Río Gallegos. Luego reafirmó: “Vamos a defender como una herramienta central de la autonomía política y social de Santa Cruz, la permanencia de la CPS en el ámbito provincial”, recordando además que “el Fondo Compensador creado a través de la Ley 2401 para garantizar su carácter provincial y fortalecer su financiamiento, requiere que todos acompañemos la toma de decisiones correcta, que permitirá sostener el 82 % móvil y un sistema previsional justo”.

Con relación a la situación de la comuna riogalleguense, el Mandatario sostuvo que “se pretende hacer creer que los descuentos vinculados a una de las leyes reemplazan los aportes al sistema previsional. Esto no es así. La Ley 1782 es la que crea los aportes personales de los trabajadores y las contribuciones patronales; es la base del sistema y una obligación legal. En tanto, la Ley 2401 es un fondo creado para fortalecer el financiamiento de la Caja y garantizar que sea sustentable”.

“No son obligaciones que se compensen entre sí”, aclaró, remarcando que “cumplir con la Ley 2401 no exime a nadie de cumplir también con la Ley 1782. Tenemos que discutir con responsabilidad el déficit y su financiamiento. Defender la Caja de Previsión Social no se trata, solamente, de no transferirla; se trata de hacerla sustentable en el tiempo”.

De esta manera, señaló que el organismo “presenta un déficit de casi 270 mil millones de pesos anuales, y ese déficit lo cubrimos todos los santacruceños”. Reiteró que “el aporte que se le descuenta todos los meses a un trabajador, no le pertenece a ningún municipio ni a ningún gobierno provincial ni nacional; le pertenece a ese trabajador”.

“Sin embargo —continuó— cuando la Provincia avanza, para recuperar esos recursos y defender que sea sostenible el sistema previsional, aparece una medida cautelar a favor de la Municipalidad de Río Gallegos que impide aplicar la ley, que no resuelve el fondo de la cuestión, que perjudica a los trabajadores activos y pasivos, y que bloquea cualquier avance, solo para hacerle ganar tiempo al municipio para no pagar”.

Para no dejar lugar a dudas, el titular del Ejecutivo Provincial agregó que dicha medida “obliga a todos los santacruceños a financiar el incumplimiento de quienes retienen los aportes y no los depositan y, como si fuera poco, en los medios de comunicación responsabilizan al Gobierno Provincial por sus malos hábitos, su incumplimiento y su falta de solidaridad”. 

“Eso, claramente no es defender derechos”, enfatizó, tras considerar que ese accionar judicial “es sostener el desorden y encubrir a quienes no quieren cumplir la ley”.

Finalmente, Claudio Vidal manifestó: “No hay 82% móvil posible si no hay un sistema previsional sustentable. No hay provincia que pueda desarrollarse si la aplicación de las leyes queda suspendida por una batería de cautelares, que solo buscan obstruir para beneficiar a los mismos chantas de siempre”.

“A esos jueces que, de forma obscena, se aumentaron los salarios a 25 millones de pesos por mes, generando una erogación de $40.000 millones anuales, y que tienen gastos en viáticos, pasajes y demás privilegios que pagamos todos los santacruceños, les quiero pedir mayor responsabilidad social con el pueblo de Santa Cruz”.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.