La iniciativa busca potenciar las políticas públicas de convivencia escolar mediante una red de contención técnica y territorial.

Articulación de herramientas estatales

Durante la jornada de este martes 8 de abril, representantes de distintas carteras provinciales coincidieron en la necesidad de centralizar los recursos para que las instituciones educativas no actúen de forma aislada. El foco principal estuvo puesto en la revisión de la Resolución N° 1500 y en la actualización de los protocolos de actuación vigentes.

Al respecto, los participantes destacaron que “el abordaje articulado es clave para prevenir y contener la violencia en las instituciones educativas”, entendiendo que la complejidad del bullying requiere una mirada que trascienda la pedagogía y alcance la salud mental y la seguridad ciudadana.

Diagnóstico y estadísticas territoriales

Uno de los acuerdos centrales de la mesa fue el inicio de un relevamiento exhaustivo de casos. Este proceso permitirá, en un plazo de 15 a 30 días, generar estadísticas precisas para identificar los focos de mayor conflictividad y asignar recursos de manera eficiente en la Zona Norte.

En este sentido, los organismos presentes remarcaron que “la presencia activa del Estado es fundamental para garantizar respuestas, acompañar a las comunidades educativas y prevenir situaciones de violencia de manera efectiva”. El plan de acción inmediato incluye, además, capacitaciones específicas para directivos y un trabajo de sensibilización profunda con las familias de los estudiantes.

Participación multidisciplinaria

Del encuentro participaron especialistas en trabajo social y psicología, autoridades policiales y coordinadores pedagógicos. Entre los asistentes se encontraron Cristian Cardozo (Comisaría de la Mujer), Etelvina Rojas (Abordaje de Sistemas Locales), Tami Machucha y Antonella Caisutti (Salud Mental), Mariela Pescara (Educación), Eloy Tuliz (Seguridad Ciudadana) y Johana Martínez.