Sebastián Santillán: “Ningún contrato puede estar por encima de la vida, la seguridad y el cumplimiento de las normas”
El Coordinador de las Delegaciones de Trabajo Zona Norte de Santa Cruz se refirió a las inspecciones realizadas en Newmont y a la preocupación planteada por CAPROMISA por la situación de los proveedores vinculados a Cerro Negro. Santillán ratificó que la Provincia promueve la inversión y el empleo local, pero remarcó que la seguridad laboral y el cumplimiento de las normas son prioridades irrenunciables.
Desde las inspecciones realizadas en el yacimiento Cerro Negro, Sebastián Santillán se refirió a la situación planteada por CAPROMISA respecto de los proveedores vinculados a la actividad minera.
El funcionario sostuvo que el Gobierno de Santa Cruz promueve la actividad minera, la inversión y la generación de empleo local, y que uno de los objetivos es que las empresas santacruceñas puedan acceder a oportunidades de trabajo y contratación.
Sin embargo, remarcó que ese desarrollo debe darse dentro del marco legal vigente y con la seguridad de los trabajadores como prioridad.
“Queremos que las empresas trabajen, que haya inversión y que los proveedores santacruceños tengan contratos. Pero antes que cualquier interés económico están la vida y la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de las normas”, sostuvo Santillán.
En ese sentido, señaló que Newmont, al igual que cualquier empresa que desarrolla actividades en territorio provincial, debe respetar la legislación vigente y permitir el ejercicio de las facultades de control de los organismos competentes.
“Las normas las tiene que cumplir Newmont de la misma manera que las tiene que cumplir cualquier ciudadano, cualquier comerciante o cualquier empresa. Ser una multinacional no otorga privilegios ni coloca a nadie por encima de la ley”, afirmó.
Un antecedente que obliga a extremar los controles
Santillán recordó que las cuestiones vinculadas con la seguridad laboral en Cerro Negro no comenzaron con la situación registrada en los últimos días.
En abril de 2024, dos trabajadores perdieron la vida en el yacimiento, un antecedente que, según señaló, obliga a sostener y profundizar las medidas de prevención y fiscalización.
“Acá ya hubo trabajadores que fueron a cumplir su jornada y no regresaron a sus casas. Por eso no podemos banalizar un control ni presentar una inspección como si fuera una persecución. El Estado tiene la obligación de controlar y la empresa tiene la obligación de cumplir”, remarcó.
El funcionario indicó además que, a partir de distintas inspecciones posteriores, el Gobierno provincial formuló observaciones y requerimientos de medidas correctivas.
El ingreso al establecimiento y la intervención judicial
Santillán también hizo referencia al último operativo provincial realizado en Cerro Negro y sostuvo que, al momento de la inspección, los funcionarios encontraron impedimentos para ingresar al establecimiento.
De acuerdo con lo señalado por el funcionario, la situación requirió intervención policial y posteriormente una orden judicial para concretar el ingreso de la comitiva provincial.
“Hay que dimensionar lo que ocurrió. Un organismo del Estado fue a ejercer una facultad de control y terminó necesitando una orden judicial para ingresar. Eso no puede naturalizarse”, señaló.
Durante las inspecciones, según explicó, se dispusieron ceses de tareas ante situaciones consideradas riesgosas y se detectaron distintas irregularidades que quedaron bajo análisis de los organismos provinciales correspondientes.
El trabajo de los proveedores también forma parte de la discusión
El funcionario se refirió además al planteo realizado por CAPROMISA respecto del posible impacto que la situación puede generar sobre los proveedores y trabajadores vinculados con la actividad minera.
“Entendemos perfectamente la preocupación de los proveedores y queremos que tengan trabajo. Pero también esperamos que todos acompañen algo tan elemental como exigir seguridad y cumplimiento de las normas”, sostuvo.
En este sentido, Santillán planteó que el desarrollo de la actividad minera debe contemplar de manera conjunta la inversión, el empleo, la participación de proveedores locales y el cumplimiento de las obligaciones legales y de seguridad.
Finalmente, el funcionario ratificó la voluntad de la Provincia de acompañar una minería que genere oportunidades para Santa Cruz, pero dentro de un marco de responsabilidad y cumplimiento.
“Queremos minería, inversión, producción, empleo local y proveedores santacruceños trabajando. Pero también queremos empresas responsables. No puede haber una regla para el ciudadano común y otra para una multinacional. En Santa Cruz las leyes y las normas se tienen que cumplir. Y por encima de todo está la vida de nuestros trabajadores”.
Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.
