El Consejo Provincial de Educación avanza con una denuncia penal por la obra de la EBIMAL de Caleta Olivia
Se debe a inconsistencias entre las obras certificadas y el estado actual del edificio. El CPE pide que se determine posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales por trabajos financiados con fondos nacionales, años atrás.
El Consejo Provincial de Educación (CPE) resolvió impulsar una denuncia penal para que la Justicia investigue presuntas irregularidades en la ejecución, certificación y recepción de las obras realizadas en la Escuela de Biología Marina y Laboratorista (EBIMAL) N.º 1 de Caleta Olivia, luego de que una revisión técnica y administrativa detectara inconsistencias entre los trabajos certificados y la situación edilicia actual del establecimiento.
La decisión fue adoptada tras los recientes problemas de infraestructura que obligaron a suspender actividades en la institución y generaron reiterados reclamos de la comunidad educativa por la falta de agua, deficiencias en el sistema de calefacción y otras falencias edilicias.
La investigación administrativa se inició sobre el expediente correspondiente a una obra financiada con fondos nacionales y ejecutada durante 2022 y 2023. Se trata, entre otros, del Expediente 683460/2022, por el cual se adjudicó a la empresa "José Adrián Ascar", una serie de tareas, muchas de las cuáles fueron certificadas y pagadas, pero no realizadas.
Certificaciones inconsistentes con su ejecución
Según consta en la documentación administrativa, el proyecto contemplaba la construcción de un cerco perimetral, una cisterna, la pintura exterior del edificio, la instalación de iluminación exterior y la construcción de una nueva oficina.
La inversión superó los 22 millones de pesos —equivalentes a aproximadamente 145 millones de pesos a valores actuales— y la obra fue certificada como finalizada mediante un Acta de Recepción Definitiva firmada en junio de 2023.
Sin embargo, las primeras verificaciones realizadas por los equipos técnicos del Consejo Provincial de Educación indican que parte de esas intervenciones no se encontrarían ejecutadas o no cumplirían con la finalidad para la cual fueron proyectadas. Cabe señalar que las facturas generadas a partir de las certificaciones, cuentan con la firma de aval del entonces director provincial de Educación Técnica Profesional, Rodrigo Gojan, pese a que la tarea no había sido cumplimentada.
Los informes técnicos motivaron la decisión
Durante el relevamiento efectuado por profesionales de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar en la EBIMAL N.º 1, los inspectores informaron que no pudieron constatar la existencia de varias de las obras incluidas en el proyecto, entre ellas el cerco perimetral, la reparación o construcción de la cisterna, las luminarias exteriores y la nueva oficina. En cambio, únicamente observaron trabajos de pintura exterior que, según las autoridades del establecimiento, habrían sido realizados durante 2022.
En paralelo, una auditoría de la Subsecretaría de Unidad de Control Interno detectó observaciones sobre el procedimiento administrativo de contratación, incluyendo inconsistencias en la secuencia licitatoria, diferencias en los plazos contractuales y observaciones vinculadas a la documentación respaldatoria de pagos y certificaciones.
La Justicia deberá determinar las responsabilidades
Frente a estos antecedentes, el Consejo Provincial de Educación resolvió promover una denuncia para que la Justicia investigue las presuntas irregularidades y determine las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder a quienes intervinieron en la ejecución, certificación y recepción de la obra.
Desde el organismo remarcaron que la decisión busca garantizar el correcto uso de los recursos públicos destinados a infraestructura escolar y esclarecer si existieron incumplimientos en una obra que fue financiada íntegramente con fondos nacionales.
Compromiso con la transparencia y la inversión educativa
El Gobierno de Santa Cruz reafirmó que continuará revisando las obras ejecutadas con financiamiento público para asegurar que las inversiones se traduzcan en mejoras reales para las instituciones educativas.
Asimismo, ratificó que cada peso destinado a la educación debe reflejarse en escuelas seguras, funcionales y con condiciones dignas para estudiantes, docentes y auxiliares, y advirtió que, de comprobarse irregularidades, impulsará todas las acciones necesarias para que los responsables respondan ante la Justicia.
