Santa Cruz expresa su rechazo al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental

La Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Estado de Políticas de Igualdad e Integración de la Provincia de Santa Cruz, expresa su profunda preocupación y rechazo al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación el pasado 30 de octubre y actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados.

La salud mental como derecho humano fundamental

Consideramos que la salud mental constituye un derecho humano fundamental, cuyo abordaje debe sustentarse en el respeto por la dignidad, la autonomía, la libertad, la participación y la inclusión social de todas las personas, especialmente de aquellas que atraviesan situaciones de padecimiento subjetivo.

Nuestra preocupación se centra en que las modificaciones propuestas podrían representar un retroceso respecto de principios fundamentales conquistados a través de la legislación vigente, particularmente en lo referido al respeto por la voluntad y las preferencias de las personas, las garantías frente a las internaciones involuntarias y la consolidación de un modelo de atención interdisciplinario, comunitario y respetuoso de los derechos humanos.

Preocupación por los criterios de internación y el abordaje interdisciplinario

Uno de los aspectos más cuestionables es la ampliación de los criterios que habilitan las internaciones involuntarias, mediante la sustitución del concepto de riesgo cierto e inminente por el de riesgo grave de daño. Consideramos que esta modificación podría favorecer interpretaciones más amplias y restrictivas de la autonomía personal, incrementando el riesgo de intervenciones sin consentimiento y debilitando el carácter verdaderamente excepcional que debe tener toda medida de privación de libertad por motivos de salud mental.

Asimismo, expresamos preocupación por las modificaciones vinculadas con la intervención de los equipos interdisciplinarios. La salud mental no puede reducirse exclusivamente a una perspectiva médica o psiquiátrica, sino que requiere una comprensión integral de las dimensiones psicológicas, sociales, familiares, culturales y comunitarias que atraviesan la vida de las personas.

Participación y respeto por los derechos de las personas usuarias

El respeto por los derechos humanos exige reconocer a las personas usuarias de los servicios de salud mental como sujetos plenos de derechos y protagonistas de las decisiones que afectan sus propias vidas. Ninguna transformación normativa debería avanzar sin garantizar su participación efectiva, así como la de sus organizaciones, familiares, equipos profesionales y organismos de defensa de derechos.

También resulta preocupante que el debate legislativo coloque el énfasis en las modalidades de internación sin resolver suficientemente los problemas estructurales que afectan al sistema de atención, entre ellos, la insuficiencia de recursos presupuestarios, un factor fundamental para que la ley pueda implementarse efectivamente y traducirse en una mejora de los tratamientos.

Santa Cruz trabaja en un Sistema Provincial Integral de Salud Mental

Desde Santa Cruz venimos promoviendo espacios de articulación interinstitucional para avanzar en la construcción de un Sistema Provincial Integral de Salud Mental y Abordaje Comunitario, sustentado en los principios de la Ley Nacional Nº 26.657, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los estándares internacionales de derechos humanos.

Entendemos que el verdadero desafío consiste en consolidar una red de atención accesible, interdisciplinaria, territorial y comunitaria, que incluya dispositivos alternativos a la internación prolongada, acompañamiento a las familias, estrategias de inclusión social y fortalecimiento de las redes comunitarias.

Solicitud de un debate amplio y participativo

Por estas razones, manifestamos nuestro rechazo al proyecto de modificación en los términos aprobados por el Senado de la Nación y solicitamos a las diputadas y los diputados nacionales que garanticen un debate amplio, participativo y respetuoso de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos.