En este contexto, el Gobierno Provincial apuesta al desarrollo minero metalífero en el Macizo del Deseado. Se trata de una de las actividades productivas de la provincia, claves para la generación de puestos de trabajo de calidad, con un marcado perfil exportador que aporta divisas en beneficio de la economía nacional.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dio a conocer que se llevan adelante inspecciones múltiples en las operaciones mineras que se desarrollan en la provincia.
El Departamento de Inspecciones de la autoridad laboral desplegó un operativo en la mina “Manantial Espejo”, operada por Pan American Silver, ubicada a 50 kilómetros de Gobernador Gregores.
Seguridad
Los controles se avocaron a corroborar la correcta entrega de elementos de protección personal (EPP) en distintos puntos de trabajo: minería subterránea, molienda, laboratorios, oficinas de operaciones, zona de procesamiento y administración.
Asimismo, se testearon los programas de contingencia ante accidentes laborales, protocolos de evacuación, puestos de auxilio y refugios. Se trata de aspectos claves en una industria marcada por el alto riesgo.
El cuerpo de inspectores del MTE y SS remarcó que los controles están enmarcados Ley 19.587 y el Decreto 351/79 de Seguridad e Higiene. La normativa establece las condiciones aptas para cada que cada trabajador y trabajadora pueda realizar sus tareas en un ambiente que no lo afecte.
Mano de obra local
Otro de los aspectos que fueron corroborados es el efectivo cumplimiento de Ley Provincial Nº 3.141 en al menos siete pymes mineras, que se dedican a transporte, alimentación y logística.
El Gobierno Provincial avanzó en un cruzamiento de datos con el objetivo de comprobar el real domicilio de los trabajadores, que dependen de cada una de las contratistas, que se desempeñan en Manantial Espejo.
De esta manera, la Cartera Laboral corroboró que los domicilios del personal inspeccionado correspondían a Gobernador Gregores, San Julián, Caleta Olivia y Río Gallegos. Asimismo, se solicitó la nómina de personal que se encontraban de franco.
La norma sancionada por la Cámara de Diputados de Santa Cruz exige a las empresas que operan en la provincia, la contratación de un 70 por ciento de empleados con residencia de al menos tres años, el restante 30 por ciento podrá ser de otras provincias.
Esta ley alcanza a las empresas de explotación minera, pesquera e industrias asentadas en la provincia. Además, remarca que de encontrarse una operadora que no cumpla con la ley, se aplicarán sanciones y procedimientos en el Pacto Federal del Trabajo. Las multas serán destinadas a capacitación y reconversión productiva de trabajadores santacruceños.
El ministro de Trabajo, Teodoro Camino, recordó que la industria metalífera de Santa Cruz es la principal productora y exportadora del país, y remarcó que el desarrollo de la actividad debe ser acompañado por el Estado en la promoción de la Licencia Social y la generación de las condiciones de trabajo, bajo el cumplimiento de las leyes laborales.
