La situación del basural a cielo abierto de Río Gallegos sumó un nuevo capítulo judicial. En una audiencia realizada este miércoles, en el marco de un amparo colectivo impulsado por vecinos y acompañado por la Secretaría de Estado de Ambiente, el juez Marcelo Bersanelli ordenó al municipio presentar, en un plazo de 20 días hábiles, un informe detallado con acciones concretas para revertir el estado crítico del vaciadero.
Transcurrido dicho plazo, la Secretaría podría avanzar con medidas sancionatorias, de persistir la pasividad en cuanto a la acción por parte del Municipio, quién es el sujeto obligado a erradicar los basurales a cielo abierto en su jurisdicción. El cumplimiento de esta obligación, constituye el interés ciudadano y que ha sido el objetivo primigenio y primordial de los amparistas.
El requerimiento no es menor: deberá incluir metas claras, plazos definidos y un cronograma de implementación progresiva. También se exigieron medidas específicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los barrios cercanos, afectados desde hace años por la acumulación de residuos.
Ambiente ratificó incumplimientos y mantiene la potestad sancionatoria, la cual podría aplicarse una vez vencido el plazo. Durante la audiencia, los abogados del Ministerio de Salud y Ambiente, Miguel Soto y Diego Ojeda, siguiendo las expresas directivas de la ministra Lorena Ross, con la representante de la Fiscalía de Estado, Daniela Vázquez, expusieron la imposibilidad de dejar sin efecto el procedimiento administrativo ya iniciado contra el municipio de Río Gallegos, que fue la intención que pretendía el Municipio al acudir a la Justicia. En ese marco, se confirmó la continuidad del procedimiento tendiente a determinar responsabilidades, en ejercicio del poder de policía ambiental.
Según se detalló, la resolución podría derivar en una multa y, en caso de persistir el incumplimiento, avanzar hacia la clausura del predio. Sin embargo, esa decisión quedó supeditada al cumplimiento —o no— del informe que deberá presentar la Municipalidad dentro del plazo establecido.
“El objetivo de la audiencia fue cumplido en su totalidad”, señalaron desde el área, destacando que el escenario actual habilita a exigir formalmente el cumplimiento de la normativa vigente en materia de basurales a cielo abierto totalmente prohibidos.
“No tuvieron mucho para defender”: el balance de AmbientEl secretario de Estado de Ambiente, Diego Procopio, calificó como positiva la instancia judicial. “Nos fue bastante bien. No tuvieron mucho para defender desde el municipio”, afirmó tras la audiencia.
Procopio subrayó que uno de los puntos centrales del planteo fue la necesidad de contar con indicadores verificables. “Pedimos metas claras, medibles, con plazos definidos, y un cronograma de implementación progresiva”, explicó.
Además, el funcionario remarcó la importancia de incorporar un balance de masas de los residuos sólidos urbanos, que permita analizar la relación entre el ingreso al basural y su tratamiento final en el relleno sanitario. “Esto es clave para verificar la trazabilidad y tener control real sobre lo que ocurre con los residuos”, sostuvo.
Basural a cielo abierto: impacto ambiental y sanitario
El vaciadero de Río Gallegos viene siendo señalado por su impacto negativo tanto en el ambiente como en la salud pública. La acumulación de residuos sin tratamiento adecuado genera contaminación del suelo, del aire y de napas, además de riesgos sanitarios directos para las poblaciones cercanas.
El informe oficial de Ambiente ya había advertido que el predio incumple la normativa vigente y que, en esas condiciones, debería ser erradicado. La audiencia judicial refuerza nuestro planteo y pone plazos concretos para que el municipio actúe, señaló Procopio. Cabe recordar que un grupo de vecinos, presentó ante la Secretaría de Ambiente, centenares de firmas exigiendo la erradicación del basural.
Qué puede pasar en 20 días
El escenario ahora es claro: el municipio deberá presentar un plan consistente y verificable. Si no logra acreditar avances concretos, la causa podría escalar rápidamente hacia sanciones más severas.
El derrotero de la causa deja abierta la puerta a posibles multas económicas e incluso a la clausura del vaciadero, una medida de alto impacto que obligaría a redefinir de inmediato el sistema de gestión de residuos en la capital santacruceña.
Mientras tanto, vecinos y autoridades ambientales coinciden en un punto: el tiempo de los diagnósticos se agotó. Ahora, la urgencia es transformar el basural en una solución sostenible.
