La Justicia provincial ordenó Municipio de Río Gallegos al presentar, en un plazo de 20 días hábiles, un informe detallado con acciones concretas para revertir la situación crítica del vaciadero local. La medida fue dispuesta por el juez Marcelo Bersanelli y fue confirmada por el secretario de Estado de Ambiente, Diego Procopio.

En declaraciones brindadas a LU14 Radio Provincia, el funcionario explicó que el objetivo del fallo es que el municipio presente un plan con “metas claras, medibles, con plazos definidos y un cronograma de implementación progresiva”, orientado a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona.

Procopio señaló que el pedido judicial también incluye la elaboración de un balance de la masa de residuos sólidos urbanos, que permita conocer con precisión qué volumen ingresa al predio, cuánto se trata y cuánto se destina al relleno sanitario.

“Hoy no hay información formal que permita tener un control real sobre el manejo de los residuos en Río Gallegos”, advirtió.

Preocupación por el impacto en los barrios

El titular de Ambiente remarcó la gravedad de la situación, al indicar que existen barrios ubicados a menos de 100 metros del vaciadero, donde residen miles de vecinos afectados.

Entre los principales reclamos, mencionó la proliferación de moscas, las quemas constantes y la presencia de recolectores informales en condiciones de vulnerabilidad.

“Durante el verano, los vecinos manifestaron de manera permanente problemas con las moscas y el humo. Es una situación que se viene agravando año a año”, sostuvo.

Asimismo, recordó que desde el área provincial ya se habían realizado inspecciones previas, incluyendo intervenciones por incendios en el predio, sin obtener respuestas por parte del municipio.

Control ambiental y continuidad de las acciones

Procopio aclaró que, más allá del plazo judicial, la Secretaría de Estado de Ambiente continuará interviniendo en el marco de sus competencias como autoridad de control.

En ese sentido, explicó que la normativa vigente habilita a actuar ante situaciones que representen un riesgo para la salud pública y el ambiente, con el objetivo de lograr el cese del daño.

“El fallo marca un punto de partida para avanzar con medidas concretas, pero nosotros vamos a seguir trabajando para que la situación se corrija”, concluyó.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios/LU14 Radio Provincia.