La Ley N°25.673 sancionada el 31 de octubre de 2002 reconoció la salud sexual y reproductiva como derecho de la población y convirtió en responsabilidad del Estado el desarrollo de políticas públicas, para garantizar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, prevenir embarazos no intencionales, promover la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, asegurar el acceso a información y a métodos anticonceptivos.

La misma establece que todos los hospitales, centros de salud, obras sociales y prepagas, deben brindar atención y entregar los métodos anticonceptivos de forma gratuita. Además, la Ley dispone en todo el país espacios de consejerías sobre salud sexual y reproductiva, acceso de forma gratuita a los distintos métodos anticonceptivos, promover los derechos sexuales y reproductivos de las personas y al acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazado (IVE/ILE Ley 27.610).