La Dirección Provincial de Consumo de Santa Cruz, dependiente de la Secretaria de Estado de Comercio e Industria – Ministerio de la Producción, participó del encuentro. Allí se realizaron las votaciones para renovar autoridades del Comité Ejecutivo del COFEDEC, donde Santa Cruz resultó electa para formar parte del mismo en representación de la Zona Patagónica, que nuclea a las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Seguidamente se plantearon los diversos inconvenientes y reclamos que se están dando en muchas provincias respecto a la construcción de viviendas prefabricadas, la falta de control y de norma que regula esta actividad.
Asimismo se debatió la necesidad de declarar un servicio público, a la venta de garrafas, ya que todas las provincias afirmaron que es incumplible la Disposición emitida por la Subsecretaria de Recursos Hidrocarburiferos de la Nación, donde estipula el nuevo precio de venta al público de la garrafa de 10 kilos es de $195,47 sin impuestos. Con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 10,5%, el número es de $216. Dichos montos no se cumplen en casi ninguna provincia y hay lugares donde la garrafa cuesta más de $350. Por ello, acordaron emitir desde la presidencia del Comité Ejecutivo un escrito manifestando el apoyo para que sea declarado un Servicio Público, logrando así fijar un precio y control del mismo.
En ese marco, la directora provincial de Consumo de Santa Cruz, Fany Díaz, manifestó la necesidad de “confeccionar un proyecto que frene las tasas abusivas de las entidades financieras atípicas, donde en coordinación con otras provincias que ya están actuando al respecto” y dijo que, “de ser posible, nos sumaremos a esta medida a fin de traer claridad a las tasas que se aplican y frenar la actitud de las entidades financieras que abusan en desmedro de nuestros consumidores y usuarios”.
Además, Santa Cruz llevó a cabo gestiones con el área de Fiscalización del Ministerio de Modernización de la Nación a fin de poder activar en nuestras oficinas de Defensa el “Sistema de Turnos y por demanda”, como así también la capacitación del nuestro personal en cuanto al sistema informático y atención personalizada.”
“En los encuentros se diseñan medidas específicas que los directores de los organismos de defensa del consumidor y comercio luego aplicamos para solucionar distintos inconvenientes o, incluso, activar mecanismos para evitar la comercialización de determinados productos y servicios”, especificó Díaz.