Con su creación, el Registro Único de Proveedores de Actividades buscó conformar una plataforma de vinculación entre los proveedores santacruceños de obras, bienes, insumos o servicios y las distintas empresas que operan en el ámbito provincial, cuyo objetivo central es incrementar el compre local en las principales actividades económicas productivas.

La normativa vigente establece “como obligación para todas las empresas, que el monto total anual en contrataciones de obras, bienes, insumos o servicios con Proveedores Santacruceños, inscriptos en el RUPAE, no podrá ser inferior al 50% del monto total contratado con todos sus proveedores”. Además, "las empresas deberán dar prioridad de contratación a proveedores santacruceños, inscriptos en el RUPAE, siempre y cuando se configuren cotizaciones similares en hasta un 15% superior respecto de otras que no estuviesen radicadas".

Para consensuar su reglamentación, esta semana la secretaria de Comercio e Industria de la provincia, Silvina Córdoba, se reunió, junto al secretario de Minería, Guillermo Bilardo, con representantes de la Federación Económica de Santa Cruz y de las cámaras de Comercio de toda la provincia; y con la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz.

En ese sentido, la funcionaria se mostró muy conforme con el resultado del encuentro y sostuvo que "en definitiva, la Ley establecerá un porcentaje de compre local para las grandes actividades extractivas de la provincia".

Córdoba recordó que "la ley, sancionada el año pasado, surgió de una mesa de gestión minera iniciada en 2016 con el impulso del ministro de la Producción, Leonardo Álvarez, y bajo las políticas desarrolladas por la gobernadora Alicia Kirchner, quien siempre ha priorizado al empresariado local".