“La tarea que se lleva adelante en Defensa al Consumidor es un trabajo silencioso que requiere de mucho esfuerzo”, indicó la secretaria de Comercio e Industria de Santa Cruz, Silvina Córdoba, quien junto a la directora del área Fany Díaz, ha encarado el objetivo de brindar una herramienta resolutiva a la comunidad.

Defensa al Consumidor actúa como nexo entre la gente y las empresas y allí reside uno de sus mayores esfuerzos: la efectividad y la celeridad en la resolución de conflictos.

De hecho, desde diciembre de 2015 a esta parte se han atendido 1489 reclamos, de los cuales un 50% han sido solucionados en la instancia conciliatoria y el otro 50% restante se divide entre: inicios de sumarios, archivo por desistimiento, archivo por falta de infracción, falta de documental respaldatorio y remitidos a autoridad competente correspondiente.

El incremento en los reclamos a lo largo de los últimos años se debe a dos aspectos centrales: en 2016 no se asignaba numeración ni ingreso formal a los reclamos hasta no saber si era admisible y eso generaba un gran desorden; lo que imposibilitaba la realización de estadísticas en el área. Eso también propició la notificación al usuario, algo que tampoco se hacía anteriormente.

El otro punto importante fue la gran difusión que se le ha dado al sector, haciendo especial énfasis en federalizar la gestión con la apertura de oficinas de Defensa al Consumidor en cada una de las localidades de manera directa o a través de convenios con los municipios; además de brindar capacitaciones y haber abierto un canal de diálogo a través de una columna informativa en LU14 Radio Provincia.

Aunque uno de los elementos que colaboró en la celeridad de los reclamos fue la modificación a la Ley provincial de Defensa al Consumidor, aprobada en julio de 2018, con el objetivo de establecer lineamientos más completos para que la tramitación sea más eficaz y rápida para los consumidores.

En tal sentido, la creación del Consejo Provincial del Consumo ha sido bisagra en la articulación en términos resolutivos acerca de las problemáticas que aquejan a lxs usuarixs. Desde su puesta en funcionamiento en mayo de 2017, su objetivo fue promover en todo el territorio el acceso al consumo en condiciones de equidad, promover la educación y participación para fortalecer la libertad de elección y consolidar el mercado interno, asesorar en todo proyecto que trate directa o indirectamente cuestiones referidas al consumo, acuerdo de precios, canasta básica, abastecimiento de productos de primera necesidad y otros que se firmen con la misma finalidad.

Asimismo, es tarea del Consejo analizar temas de alto impacto social en materia de consumo y de defensa de los intereses de lxs consumidorxs y proponer soluciones dentro del marco legal; como así también fortalecer las relaciones institucionales con otros organismos oficiales o entes reguladores de servicios públicos. 

Así, las políticas ejecutadas por el área dependiente de la Secretaría de Comercio han hecho un trabajo silencioso para transformar el rol articulador e interviniente del Estado.