En ese contexto, el Rector de la UNPA agradeció en primera instancia en nombre de las autoridades de la Unidad Académica Río Gallegos y la comunidad universitaria, la presencia de la Gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; el Ministro de Gobierno, Fernando Basanta; el Secretario de Estado de Seguridad, Lisandro de La Torre; el Jefe de Policía, Comisario (R) José Luis Cortés, y autoridades de gobierno, municipio y universidad, que se hicieron presentes en el acto que tuvo lugar este mediodía en la Sala de Conferencias Iris Bergero del Campus Universitario. “Quisiera expresar mi agradecimiento especial a las autoridades que impulsaron esta vinculación interinstitucional para la firma de este acuerdo en la persona del Decano de la UNPA-UARG, Guillermo Melgarejo y al cuerpo de profesores que trabajó en la propuesta de formación, a los responsables de los distintos sectores de la Policía de Santa Cruz, y los demás actores de las asociaciones civiles y sector privado que participó y contribuyó de un modo u otro en la elaboración del plan de formación que aportará cambios sustanciales en la formación de las fuerzas de seguridad de la provincia como también de funcionarios y funcionarias y personas vinculadas con el cambio en seguridad ciudadana”, agregó.
Por otra parte, explicó que el convenio que se firmó en esta jornada, es consecuencia de las transformaciones en materia de seguridad que impulsó la Ley N° 3523 de la provincia, que sentó las bases jurídicas e institucionales del Sistema de Seguridad Pública Provincial como así también las bases para la planificación, la formulación, implementación, seguimiento y control de las políticas y estrategias de seguridad. “En dicho marco normativo, los procesos de formación profesional para el personal de la policía y las fuerzas de seguridad provinciales como de funcionarios y funcionarias civiles y demás sujetos públicos y del sector privado vinculados a la materia, resultan claves para los aspectos programáticos, organizacionales e instrumentales de la formación y producción académica en lo que respecta a la seguridad”, enfatizó.
Asimismo, se refirió a la concepción que vincula el saber académico con el rol del estado y a la conjunción de los objetivos, capacidades y recursos de los organismos, lo cual de algún modo que lleva a la profesionalización de los recursos humanos dedicados a las funciones esenciales de la vida democrática en comunidad y paz social. Dichos aspectos fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar el convenio que se firmó hoy.
Además remarcó que tienen grandes expectativas en relación al convenio. “Esperamos no sólo profundizar el campo de la contracción académica sino también en la proyección geográfica. “Vamos a trabajar con las áreas del Ministerio de Gobierno competentes en la materia para que aplicando todos los recursos disponibles de la universidad, esta estrategia formativa del Sistema de Seguridad Pública Provincial pueda ser accesible y hacerse extensiva a todo el territorio de la provincia de Santa Cruz. Estamos convencidos de que este contexto que hoy representan las partes, es muy promisorio porque habilitará diversas oportunidades de colaboración para el cumplimiento de fines institucionales y la inserción laboral de los egresados de la universidad en sistema policial, penitenciario y demás fuerzas. Las oportunidades para el cursado del trayecto de formación que vinculan los recorridos curriculares con la práctica laboral en variados campos de la amplia jurisdicción provincial. Las mayores oportunidades para el acceso”, detalló.
“En el plano institucional, destacamos la valoración que asignamos a la relación entre la convivencia y las relaciones interpersonales”, recalcó.
“Un enfoque que convoca a la comunidad universitaria a avanzar en su espacio interno de interacción, es la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, orientación sexual o diversidad de género como así también la que se produce en los espacios laborales y la que se da por aspectos institucionales. Y en la consolidación de espacios democráticos de acuerdos que permiten la resolución de conflictos a través de un proceso de mediación buscando evitar la judicialización de las desobediencias en el interior de la comunidad universitaria. Todo ello con finalidad de poner la centralidad de las políticas y sus acciones en el aseguramiento, el goce y el ejercicio de todos los derechos y en pleno desempeño laboral o formativo en todos los espacios de la universidad. Por eso resulta natural la vinculación con un organismo del estado que base su política de seguridad en un paradigma centrado en el goce y ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos y el desempeño y entorno social que permite el despegue del potencial y talento humano”, detalló.