El Gobierno provincial envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para autorizar operaciones de crédito público por hasta USD 600 millones. El mismo tiene como finalidad, financiar obras estratégicas de infraestructura y mejorar el perfil financiero de la provincia. Para dar a conocer detalles de esta iniciativa, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, junto a la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el secretario de Estado de Hacienda, Ernesto Coloe; el secretario de Estado de la Oficina Provincial de Presupuestos, Mauro Castro; y Claudia Colombo, integrante del equipo de trabajo de la Cartera de Hacienda Provincial, dialogaron con los medios de comunicación en Casa de Gobierno.
En ese marco, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, explicó que la herramienta financiera apunta a impulsar obras estratégicas que permitan transformar estructuralmente a Santa Cruz, avanzando en infraestructura hospitalaria, desarrollo productivo y proyectos vinculados a la matriz energética provincial. El funcionario remarcó que el objetivo del Gobierno es priorizar inversiones capaces de generar recursos genuinos, reducir costos estructurales y fortalecer la capacidad financiera de la provincia a mediano y largo plazo, promoviendo además una transformación de la matriz productiva y del empleo mediante la reactivación de la obra pública y la inversión en infraestructura.
Detalles del proyecto
El titular de la cartera económica explicó que el objetivo de la iniciativa es acceder a alternativas de financiamiento “en las mejores condiciones posibles para la provincia”, mediante organismos multilaterales de crédito o instrumentos financieros internacionales.
Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, Ernesto Coloe, expuso: “Es una de las herramientas que prevé la Ley de Administración Financiera y para su aprobación se requiere de los dos tercios, es decir una mayoría especial para ser aprobada. Así lo establece el artículo 40 de la Constitución Provincial”.
En ese sentido, el funcionario, explicó que “a partir de marzo del 2025 se produjo una caída significativa en términos reales y nominales en la recaudación provincial, pero el gasto permaneció fijo durante todo el año por los incrementos y por la estructura de gasto salarial que tiene la provincia”.
“Por lo tanto, en la medida que los recursos fueron cayendo se produjo un déficit operativo mensual que hizo que el Gobierno tenga que recurrir a diferentes herramientas de liquidez para poder pagar los sueldos y garantizar el normal funcionamiento del Estado”, amplió.
Ante este cuadro de situación, indicó que “cuando se presentó el presupuesto 2026 ya se tenía previsto un déficit fiscal importante de más de 356 mil millones de pesos”. “Lo que vamos viendo, de acuerdo a los números que tenemos en ejecución a la fecha, ese déficit se viene ejecutando de acuerdo a lo que se había proyectado”, añadió.
Caída de los recursos
En ese marco, también habló de la caída real de los recursos que vienen de nación producto de la caída en consumo que se viene dando en todas las provincias y obviamente que impacta en los municipios.
“A raíz de todo esto, se decidió recurrir a una de las herramientas que prevé la ley en el artículo 66, la cual consiste en gestionar operaciones de crédito público. Para eso es lo que se presenta este proyecto, para poder avanzar con esa herramienta. Tenemos un problema estructural en la provincia que hay que darle una solución”, aseveró.
Más adelante, consideró que, en caso de efectivizarse esta ley, “se autoriza al Poder Ejecutivo a tomar una deuda para financiar gastos de capital y administrar mejor los pasivos que tenemos y lograr hacer inversiones de infraestructura que permitan un desarrollo productivo de la provincia y particularmente reducir en un mediano y largo plazo los costos operativos que tenemos”.
Beneficios de esta herramienta
Además, sostuvo que esta herramienta, tiene una tasa baja, un 4% en dólares, una tasa muy baja, con un plazo de gracia de 4 años, lo cual, si se vuelca la actividad productiva o la infraestructura, va a producir un doble efecto, es decir que generará mayor demanda agregada en el corto plazo, dinamizando las localidades con la obra pública.
“En el mediano y largo plazo, si estas obras se ejecutan y tienen éxito, van a reducir el gasto operativo, haciendo obras quizás que nos permitan desarrollar la matriz productiva o bajar algunos costos de funcionamiento que tenemos”, expuso
“Nosotros tenemos de 4 a 5 meses para iniciar todo este proceso, no es inmediato y tenemos que salir a buscar gente interesada en invertir en estos bonos que van a estar garantizados con las regalías provinciales”, cerró.
Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.