El Gobierno de Santa Cruz presentó oficialmente el nuevo Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito, una herramienta clave para modernizar el sistema de control vial y fortalecer la seguridad en todo el territorio.

La iniciativa contempla la creación de tres sedes operativas en Río Gallegos, Puerto San Julián y Caleta Olivia, con jurisdicción sobre distintos departamentos de la provincia, permitiendo una mayor presencia institucional en rutas y consolidando un esquema más ágil y eficiente en la fiscalización.

En ese marco, la subsecretaria de Seguridad Vial, María Elena Sanz, explicó que el objetivo central es avanzar en un sistema que no solo sancione, sino que también promueva un cambio cultural en la conducta de los conductores.

Un sistema para ordenar y prevenir

Sánz indicó que “la idea nuestra siempre es, a través de la seguridad, que la gente tome conciencia y entienda, que cambie la conducta vial”, remarcando que el enfoque está puesto en la prevención.

En ese sentido, explicó que el nuevo esquema permitirá ordenar un sistema que hasta el momento presentaba dificultades:

“Como el sistema de infracciones no estaba funcionando y todo lo sostenía la provincia, tomamos la decisión de poner en marcha el juzgado provincial”, afirmó.

Un juzgado administrativo, no penal

La funcionaria también aclaró el alcance del nuevo organismo: “Es un juzgado administrativo de faltas, no estamos trabajando con delitos del código penal”, explicó y agregó que “las infracciones de tránsito no son delitos penales, son faltas administrativas que requieren un ordenamiento previo”.

En esa línea, destacó la importancia de intervenir antes de que se produzcan situaciones más graves: “Estamos en el antes, para que el infractor no termine frente a un juez penal”, sostuvo.

Sostenimiento del sistema y reinversión

Otro de los puntos centrales del nuevo esquema es el destino de los recursos generados, ya que se prevé que “el 50% de la recaudación va a la provincia y el otro 50% al Ministerio de Seguridad, lo que permitirá sostener todo el sistema de seguridad vial”, indicó.

En ese sentido, remarcó que estos fondos serán reinvertidos para fortalecer el funcionamiento del área y mejorar las condiciones operativas.

Cambio cultural en la conducción

Finalmente, Sanz puso el foco en el rol de la ciudadanía, recordando que “la licencia de conducir no es un derecho, es un permiso”, afirmó.

“De eso se trata nuestro trabajo: que se respete la norma y que podamos mejorar la seguridad vial en toda la provincia”, concluyó.

De esta manera, el Gobierno provincial avanza en la consolidación de un sistema más ordenado, moderno y eficiente, que busca reducir riesgos en las rutas y promover una convivencia vial más responsable.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.