El Ministerio de Salud y Ambiente, a través de la Subsecretaría de Salud Mental Integral, encabezó una nueva mesa de trabajo junto al Ministerio de Seguridad y el Órgano de Revisión Provincial para avanzar en la elaboración de una guía de buenas prácticas sobre el uso de custodias policiales en entornos sanitarios.

Bajo la gestión del gobernador Claudio Vidal, el Gobierno de Santa Cruz continúa impulsando políticas públicas orientadas a fortalecer el sistema de salud con una mirada integral, inclusiva y basada en derechos, poniendo especial énfasis en la salud mental y en la articulación entre organismos del Estado.

En ese marco, el Gobierno de Santa Cruz avanza en la elaboración de una guía de buenas prácticas para regular el uso de custodias policiales en entornos sanitarios, con foco en intervenciones excepcionales, criterios claros y un enfoque basado en derechos humanos que garantice el cuidado y la no estigmatización en salud mental.

Intervenciones excepcionales y con criterios claros

El subsecretario de Salud Mental, Mariano Rodas, explicó que las consignas policiales se solicitan únicamente en situaciones excepcionales, ante riesgos inminentes para el paciente, el personal de salud o terceros.

“El objetivo es brindar herramientas claras a las fuerzas de seguridad sobre los alcances, cómo y hasta dónde pueden intervenir en estas situaciones”, señaló.

En este sentido, la guía busca establecer criterios precisos que delimiten la actuación de las fuerzas, garantizando que su presencia se constituya exclusivamente como una medida de resguardo.

Un enfoque basado en derechos humanos

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la iniciativa apunta a asegurar que la intervención policial no tenga fines terapéuticos, sino que responda a situaciones puntuales y bajo protocolos definidos.

Asimismo, el trabajo articulado entre organismos permitirá optimizar la respuesta del sistema y resguardar los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental.

Hacia entornos de cuidado sin estigmatización

La regulación también busca desarticular prácticas históricas que vinculan la salud mental con la peligrosidad, promoviendo entornos de atención centrados en el cuidado y el respeto.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz continúa avanzando en políticas públicas que fortalecen la atención en salud mental, con una perspectiva integral, inclusiva y basada en derechos.