La situación se originó a partir de convenios firmados entre la provincia y el Estado Mayor General del Ejército en 1995, que preveían la transferencia de fracciones de tierra a favor del Estado provincial para la construcción de viviendas, a cambio de contraprestaciones que fueron incumplidas por gestiones anteriores. Por lo que la transferencia dominial nunca se concretó, generando una prolongada incertidumbre jurídica para las familias adjudicatarias.

Entre los años 1997 y 2002, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y en el marco de los programas FONAVI, se construyeron 492 viviendas, además de equipamiento comunitario, infraestructura y espacios verdes. Más tarde, en 2004, se firmó un nuevo convenio que permitió avanzar con los planes Federal I y Federal II, alcanzando la construcción de 823 viviendas adicionales.

A pesar de la consolidación de los barrios, las tierras continuaron perteneciendo al Ejército, lo que impidió durante años la transmisión del dominio a las familias, afectando a más de 1.200 hogares.

Durante este período, Río Gallegos enfrentó serios problemas de crecimiento desordenado, falta de planificación urbana y ocupaciones irregulares de tierras, una situación que se vio agravada por la indefinición jurídica de grandes extensiones ubicadas dentro del ejido urbano.

En ese contexto, el gobernador Claudio Vidal destacó la importancia de la decisión adoptada por el Gobierno Provincial para comenzar a ordenar el territorio y dar una respuesta concreta a una demanda histórica. “Estamos resolviendo un problema que llevaba 30 años sin respuestas y que la clase política no pudo o no quiso resolver. Y con esto tengo que ser claro, esta falta de resoluciones condicionó en parte el desarrollo urbano de Río Gallegos”, afirmó.

El mandatario provincial remarcó además el impacto a futuro que tendrá la regularización dominial: “Ordenar estas tierras nos permite pensar un sector muy importante de la ciudad con planificación a futuro, con reglas claras, y es también un acto de justicia para más de 1.200 familias que podrán acceder a su tan esperado título de propiedad”.

La firma de una adenda al convenio del 2004 que realizamos con el Coronel Massi Filippa en representación del Ejército, la Provincia queda habilitada para avanzar con obras dentro del predio y, fundamentalmente, para destrabar el proceso de regularización dominial de estas 60 hectáreas, cerrando una deuda histórica del Estado con la ciudad y sus vecinos y vecinas.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz comienza a transformar un problema de larga data en una oportunidad concreta para el desarrollo urbano ordenado de Río Gallegos, brindando previsibilidad, planificación y tranquilidad a cientos de familias que esperaron durante décadas una solución definitiva.