Los aumentos decididos por el gobierno nacional, tienen un impacto presupuestario inmenso en el presupuesto de la provincia de Santa Cruz.

La quita total de los subsidios resultó en un ahogo que las familias no pueden asumir y que al Estado provincial le impone un sacrificio que ahoga sus cuentas y condiciona su ejercicio financiero.

Solo en el mes de agosto, la provincia de Santa Cruz debió pagar 8 mil millones de pesos por la provisión de gas, tanto de gas natural domiciliario como de GLP y GNL para las poblaciones que no cuentan con las redes correspondientes. En el mismo período del año pasado, ese costo fue de 300 millones. El aumento, entonces, es de un 2.566% en el costo mayorista de la energía, muy por encima de cualquier aumento en la recaudación o de las devaluaciones de la moneda sufridas hasta el momento.

En el caso de la luz, Servicios Públicos abonó a CAMMESA, en el mes de julio de 2023, 968 millones de pesos por el servicio de energía eléctrica. En el mismo período de este año, la cuenta ascendió a $4.251 millones. Ese incremento representa un 340% de aumento.

La provincia de Santa Cruz presentó sendos amparos ante la Justicia Federal que fueron resueltos en forma favorable con medidas cautelares que ampararon a los vecinos. Pero el gobierno nacional apeló las medidas y consiguió que la Cámara Federal las revoque, por lo que los aumentos siguen en vigencia y la discusión judicial continúa en la Corte Suprema de la Nación.

El gobierno de la provincia se encuentra analizando nuevas medidas a seguir, para defender el bolsillo de los ciudadanos de Santa Cruz.