El gobierno de la provincia de Santa Cruz ordenó la clausura y el cese de actividades del yacimiento minero Cerro Negro, propiedad de la empresa norteamericana Newmont.

Según se desprende del acta elaborada en el yacimiento, y en razón del evento ocurrido el día 9 de abril del 2024 donde fallecieron los operarios Rosana Paola Ledesma y Daniel Alberto Ochoa; el gobernador Claudio Vidal instruyó a su ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, aplicar la contundente medida ya que “las circunstancias del hecho se encuentran en etapa de investigación, no pudiendo precisar a la fecha las causales de las mismas” y que “presumiblemente en el lugar del siniestro podría haber vestigios de múltiples gases al momento no identificados”.

La prioridad del gobierno, “ante la incertidumbre que de continuar las tareas en forma normal pudiera repetirse el grave hecho aquí descripto”, es “preservar los sitios involucrados en el evento” y la seguridad del personal que allí trabaja.

Por ello, el acta ordena “el cese total preventivo de la mina Mariana en todos sus frentes de trabajo debiendo la inspeccionada en forma inmediata y en este acto, presentar informe de medición de gases del día 9 de abril del 2024, historial de comunicaciones entre el personal siniestrado y la sala de control y/o aquel sector que ejerza el control de personal en bajo mina, desde el inicio del turno B hasta las 21 horas”.

En declaraciones al canal 3 de Las Heras, el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, anticipó que “hasta el momento, lamentablemente, sólo podemos hacer hipótesis (sobre las causas de las muertes), porque desde la minera no nos han acercado a ningún tipo de documentación que nos dé certeza de lo que pasó. Es por eso que en estos momentos estamos dictando el cese de actividades y la clausura de la mina, con lo cual se está desmovilizando todo el personal. Cuando decimos desmovilizando, lo que queremos decir es que la gente va a bajar de la minera a su domicilio. Solamente van a quedar en lugares sensibles, guardias mínimas”.

En las condiciones observadas en materia de higiene y seguridad de trabajo se detectó falta de presentación del certificado de análisis físico, químico y bacteriológico del agua para el consumo humano de todo el personal que presta servicios en el yacimiento minero Cerro Negro. Por tal razón, el acta ministerial estableció que la empresa deberá reacondicionar “la infracción detectada y enunciada precedentemente”.

Gutiérrez denunció que la empresa tiene una actitud “negativa, no brinda la información y no está siendo muy colaborativa a la hora de esclarecer lo que ha sucedido. Ellos dicen que se ponen a disposición, pero no nos entregan la documentación para certificar claramente qué fue lo que pasó”.

El funcionario describió que “se perdieron dos vidas que no estaban paseando. Dos personas que estaban trabajando, prestando servicio para esta minera. Ellos ingresaron en vehículo al interior de la mina, estaban haciendo su trabajo en forma normal y habitual. Eran personas con mucha experiencia, que sabían perfectamente cuáles son los protocolos de seguridad. Tenemos información de que se habrían contaminado con gases en los lugares donde ellos estaban recorriendo. La empresa nos dice que el lugar donde se encontraron, era un lugar donde no debían estar y eso nos llama mucho la atención; porque eran personas con mucha experiencia”.