En el texto del Decreto 0851/19  firmado durante el día sábado se da cuenta de que la actual crisis económica, social y política que atraviesa la Argentina es resultado de la implementación de un modelo que desde diciembre de 2015 se viene aplicando en nuestro país afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de todo el territorio argentino.

“Las políticas centralistas, la constante quita de recursos a las provincias, la paralización de la obra pública, la devaluación de la moneda que  impacta directamente en la canasta familiar, el encarecimiento de los insumos necesarios para el normal funcionamiento del Estado, la eliminación de Programas Integrales que brindaban herramientas para la gestión y  el recorte de fondos presupuestarios año a año, son el escenario que hemos atravesado en el último período”, se lee en los considerando del Decreto.

Además, se da cuenta de que el ajuste implementado ha perjudicado especialmente a la región patagónica. En contrapartida al modelo que desde Nación se ha impulsado, la provincia de Santa Cruz  ha defendido siempre el rol de un Estado Presente y Activo. A través del Acuerdo Social Santacruceño impulsado por Alicia Kirchner se convocó a todos los sectores a buscar dar respuestas políticas a las familias santacruceñas, teniendo como eje a las personas  y no al mercado.

El Gobierno de Alicia, quien fue refrendado en las urnas el pasado 11 de agosto, ha defendido el empleo y los intereses de los santacruceños y santacruceñas, de manera institucional en todas las instancias posibles y cuando no se ha tenido respuesta en este sentido se ha avanzado en la Justicia. Así se hizo días atrás en relación a los Decretos que afectan el ingreso por regalías e impuestos.

Lamentablemente, en las últimas semanas, la crisis generada por las políticas económicas de Nación se ha profundizado producto de una nueva devaluación y del avance sobre recursos provinciales de manera arbitraria, inconsulta y unilateralmente, generan incertidumbre e impiden la planificación a futuro de los Estados provinciales.

Importa destacar también la convocatoria a todos los sectores para buscar herramientas políticas que den respuestas a la profundización de una crisis que ya existía y solo se ha ido incrementando producto de medidas que no tienen a la familia como eje. “No queremos darle señales al mercado, queremos y debemos darle respuestas a la población de Santa Cruz”, destacan desde el Gobierno.

Producto de la devaluación de la moneda argentina, se han generado en las últimas semanas variaciones importantes y crecientes en el tipo de cambio provocando alteraciones en los precios generando dificultades en la adquisición de insumos y medicamentos, muchos de ellos de origen y componentes importados.

También es importante tener en cuenta que días atrás desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas),  expresaron su preocupación por la realidad Argentina en un duro documento y solicitó que se declare la “emergencia alimentaria y nutricional” para hacer frente al “severo aumento de la indigencia y la pobreza”,  instando al Gobierno Nacional a la implementación de medidas urgentes.

En el documento firmado por Cepas los obispos consideran que la ayuda anunciada para los sectores más vulnerables por parte de Nación “no serían suficiente para paliar” las consecuencias de la política de ajuste permanente aplicada hace casi cuatro años.

Son los sectores más vulnerables de la sociedad a quienes más impacta la inflación descontrolada y a quienes un Estado Presente debe dar respuestas. “Ahora más que nunca desde el Gobierno de Santa Cruz consideramos que todos los sectores debemos trabajar en conjunto,  en pos de las familias más afectadas por la situación generada por un modelo de exclusión que solo tienen a profundizar desde el Gobierno Nacional”, destacan desde la provincia.

Esta crisis no es nueva, pero se ha visto agravada por el ritmo de aceleración de la inflación no permitiendo mantener la ecuación económica financiera que las leyes previstas para un funcionamiento ordenado de la economía. Es por ello que la Provincia ha establecido desde la base del Acuerdo Social Santacruceño mecanismos que contemplen la atenuación del impacto destructivo de las políticas nacionales en los hogares de la provincia.

El Decreto 0851/19 considera que  “las adquisiciones y procesos de contratación en marcha se ven desactualizados en sus presupuestos”, y que muchas veces no hay precios disponibles o se exigen adelantos, cotización en moneda extranjera o simplemente pago anticipado. Por lo que con carácter preventivo y a efectos de una mayor certeza y fluidez en la gestión administrativa y social de la provincia se hace menester, instruir a los distintos ministerios a profundizar y dar curso inmediato a sus programas inherentes a resolver cuestiones sociales e instruirlos para efectuar el reclamo pertinente a sus pares de Ministerios y Secretarias Nacionales para que no discontinúen con los programas que hacen a la calidad de vida de todos los habitantes de Santa Cruz”.