Durante el encuentro, lxs participantes, pudieron evacuar sus dudas e hicieron las consultas pertinentes tanto a la titular del Organismo, Marisa Oliva, como al Director General de Fiscalización de Sumarios, Cristián Guantay.

Por su parte, lxs agentes cesanteados, quienes ya habían denunciado que no se respetó el procedimiento administrativo, manifestaron su descontento con la decisión arbitraria llevada adelante por el intendente municipal; ya que al no dar intervención al Tribunal Disciplinario no tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho de defensa violando así, el Artículo 124° de la Constitución Provincial, el cual establece que: “(…) ningún empleado de la administración pública será declarado cesante ni exonerado, sino por Resolución de este Tribunal”.

En tal sentido, es importante recordar que el Organismo tiene como principal función controlar las actuaciones del propio Estado, ya que es la instancia de apelación única que tiene el agente para garantizar su derecho de defensa y su estabilidad laboral, uno de los principales ejes impuestos por la Gobernadora Alicia Kirchner desde el inicio de su gestión orientado a la  transparencia de los procesos administrativos mediante su eficacia.

Lo cierto, es que en esta primera etapa, lxs asistentes pudieron conocer que el Tribunal Disciplinario actúa como instancia de apelación única, respecto de las sanciones de suspensión que excedan el período de diez (10) días pudiendo interponer un recurso dentro de los diez (10) días de notificado/a ante la autoridad que lo sancionó  para que este lo eleve al Tribunal Disciplinario a fin de verificar que las actuaciones elevadas por determinado organismo, ya sea provincial o municipal haya cumplido con el debido proceso administrativo.