Durante la sesión especial, que contó con presencia de la gobernadora Alicia Kirchner, la presidenta del Tribunal Disciplinario, Marisa Oliva, indicó que hoy es un día muy especial porque se realizó una sesión en Casa de Gobierno para tratar temáticas que tienen que ver con la Memoria, Verdad y Justicia. En ese marco, se presentó hoy el Registro de Personas Expulsadas por Razones Políticas en la última dictadura cívico militar. Al respecto, precisó: “Es un trabajo que hemos realizado en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, en aras de poder reparar los legajos de las y los agentes de la administración pública que fueron cesanteados y exonerados en la época de la dictadura militar. Estamos analizando las fechas porque, previo al gobierno de facto, en la provincia el gobierno de Cepernic fue intervenido, y también ahí hubo cesanteados y exonerados por motivos políticos y gremiales”. En ese sentido, explicó que, en el año 1976, se aprobó bajo el gobierno de facto, la ley de prescindibilidad, que habilitaba dejar cesantes, sin procesos ni garantizados constitucionalmente el derecho a la defensa o a un juicio, a los agentes de la administración pública. “Y así sucedió que nosotros empezamos a ver los registros del Tribunal, donde figuran las reincorporaciones, porque luego del año 1984, bajo el gobierno de Puricelli, hubo reincorporaciones. Desde allí, estamos pasando las cincuenta (50) personas que estuvieron en esta situación. El segundo tema que trabajó la Comisión y pusimos en tratamiento para la aprobación de los vocales del Tribunal, es la reparación de un legajo de un agente detenido y desaparecido, que es Daniel Toninetti”, expuso.
Por otra parte, se refirió a la dimensión que tiene reconstruir la memoria para que, nunca más vuelva a pasar lo que pasó y para que podamos fortalecer la democracia y las instituciones que deben garantizarlo.
“El Tribunal Disciplinario, está creado desde el momento que se pronunció en nuestro territorio y figura en la primera Constitución y luego en la Reforma, para garantizar estabilidad de los agentes de la administración pública, que, donde se produjera un proceso disciplinario, esté garantizado el debido proceso como estar notificado, pueda defenderse y las pruebas puedan ser contundentes y todo esto, en los gobiernos de facto, nunca se garantizó”, enfatizó.
Finalmente, Oliva sostuvo que hoy vemos en la Argentina, cuestionamientos, que tienen que ver con los elementos y principios básicos constitucionales. “Por eso, es muy importante que, desde las instituciones, podamos fortalecer, garantizar a los trabajadores, estos procesos de garantías de derecho”.
