La firma de este acuerdo tiene objetivo efectuar el relevamiento del personal cesanteado de la Administración Pública Provincial que resultó víctima de desaparición forzada, persecución y expulsión durante el terrorismo de Estado, ocurrido entre los años 1976-1983.

En este sentido, las gestiones desarrolladas encuentran efectividad operativa en formas jurídicas como este Convenio de Colaboración firmado por el Honorable Tribunal Disciplinario de forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos.

Asimismo, el acuerdo se concreta con la finalidad de fortalecer la cooperación y articulación interinstitucional, a fin de que los organismos públicos provinciales promuevan el intercambio de información, la facilitación de recursos humanos y las herramientas necesarias para efectuar el relevamiento del personal de la Administración Pública Provincial que resultó víctima del terrorismo de Estado.

Durante la firma, se encontraban presentes el ministro de Desarrollo Social, Jorge Ferreyra, acompañado por la secretaria de Estado de Derechos Humanos, Nadia Astrada; la presidenta del Honorable Tribunal Disciplinario, Marisa Oliva; y, los respectivos equipos de trabajos.

En la misma línea, desde la Secretaría de Estado de Derechos Humanos se propuso una acción de inscripción análoga aplicable a la provincia de Santa Cruz, conforme a las aportaciones del Archivo Provincial de la Memoria, que identifica a una persona víctima de desaparición forzada que fuera dada de baja de la Administración Pública Provincial por cesantía, con el propósito de erigirse en una herramienta fundamental reparatoria integral ante el daño causado por el Gobierno de Facto de esos años.

Por último, desde el Honorable Tribunal Disciplinario se comenzó a construir un Registro de cesantías y reincorporaciones de agentes de la Administración Pública Provincial, teniendo en cuenta la documentación obrante en sus archivos.