El Honorable Tribunal Disciplinario realizó una nueva Sesión Ordinaria en la cual se trataron los expedientes relacionados con faltas disciplinarias de agentes de distintos organismos de la Administración Pública y el abordaje de proyectos que hacen a la prevención y garantización del debido procedimiento administrativo, como el referido a las audiencias a distancia.
En la oportunidad estuvo presente el Cuerpo de Vocales compuesto por la presidenta, Marisa Oliva; la vicepresidenta, Roxanna Totino; el vocal en representación del Poder Ejecutivo, Carlos Sancho; el vocal de la Primera Minoría Política, Juan Raúl Martínez y la vocal Gremial, Sandra Sutherland.
Durante el encuentro se dio lugar a la actualización del Programa de Formación y Capacitación para el empleado de la administración pública y al informe sobre el resguardo de la documentación y firma digital, cuya ciber seguridad se viene implementando desde el año 2020 con la finalidad de preservar y proteger los datos almacenados dado el alto valor informativo y de confiabilidad que el sistema posee, dando cumplimiento de esta manera con lo dispuesto por la Secretaría de Estado de Modernización e Innovación Tecnológica.
Por otro lado, el Cuerpo de Vocales accedió a los primeros datos preliminares que el Tribunal está obteniendo con la creación de un registro general de las sentencias emitidas a partir de 1980 hasta la actualidad, tipificándolas y enfatizando en la cuantificación de los casos de cesantías y exoneraciones, sobre todo en las reincorporaciones que se concretaron a partir de la conformación del Primer Cuerpo de Vocales del organismo en el año 1984, cuya primera misión fue aplicar la Ley de Reparación 1595/84 que ordenaba rever todas las sanciones expulsivas efectuadas durante el gobierno de Facto mediante la Ley de Prescindibilidad 1031/76 y decidir sobre las reincorporaciones solicitadas por el o la agente.
Es en ese sentido, que finalmente, se detalló de manera pormenorizada los avances en cuanto a dejar sin efecto la situación de cesantía, por la aplicación de la Ley 1031/76, del agente Daniel Albero Toninetti – L.E. N° 8.322.982, en el marco de la reparación histórica para las víctimas de terrorismo de estado presentado por Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz.
