Sin embargo, es importante aclarar que Santa Cruz, a través de su empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, no transfiere ese aumento que le representa la compra de energía a los usuarios.
Lo que se transfiere a las boletas de luz, está estipulado en los gastos generales que tiene SPSE y que están establecidos en el Presupuesto 2018 que aprobó la Cámara de Diputados. Entonces, de esos gastos totales que tiene la empresa, sólo se trasfiere el 33 por ciento a los usuarios.
En un comparativo sencillo de las facturas que Cammesa le envió a SPSE SE (ver adjuntos), en enero de 2016, la primera factura a pagar luego del cambio de Gobierno Nacional, los gastos por la compra de energía fueron de $5.522.616,38 (cinco millones quinientos veintidós mil seiscientos dieciséis con treinta y ocho centavos), mientras que la que llegó este mes por la facturación de mayo, trepo a los $75.520.442, 64 (setenta y cinco millones quinientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y dos con sesenta y cuatro centavos).
Las facturas marcan además la incidencia que fue alcanzando el cargo por transporte de la energía, que en dos años y medio pasó de $266 mil a superar los $5 millones.
El asesor de Servicios Públicos, Andrés Cirnigliaro, explicó esto se debe a que “el 10 de diciembre de 2015 hubo un cabio de paradigma en la política energética nacional, donde la energía volvió a adquirir el concepto de bien de consumo, que en una estructura mercantil está asociado sólo a los costos de producción”.
A esa nueva mirada, hubo dos resoluciones que le dieron sustento, las 5 y 6 del Ministerio de Energía que conducía Juan José Aranguren, que inició en 2016 un proceso de eliminación de subsidios y de aumento del precio mayorista de la energía.
“Esto impacta directamente en los distribuidores locales como por ejemplo Servicios Públicos”, agregó Cirnigliaro, respecto de la suba de un 1600 por ciento durante este periodo, en el que la energía deja de ser un elemento vital para el desarrollo y pasa a ser un bien más de consumo, porque “el acceso a la energía no está más garantizado por el Estado, sino por la capacidad de los individuos de poder pagar o no la factura”.
