La causa penal involucraría a quienes ocuparon la presidencia del organismo en ese período: Pablo Grasso, Roberto Andrino, Daniel Copertari y María de los Ángeles Grasso, así como también a otros funcionarios que integraron los sucesivos directorios.

La denuncia sostiene que durante sus gestiones se habrían cometido irregularidades en licitaciones públicas y se habrían violado normas administrativas, lo que derivó en la posible comisión de delitos como administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

Los hechos denunciados abarcan una serie de contrataciones observadas en los expedientes de obra pública, donde se detectaron errores graves en el Registro de Proveedores, omisiones en la notificación al Registro Nacional de Constructores y otras acciones que podrían configurar delitos penales. Las maniobras apuntarían a beneficiar indebidamente a determinadas empresas en procesos licitatorios.

Como parte de la investigación, se envió documentación y pruebas a través del Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED)  y se sigue recopilando más material por parte de un equipo interno del organismo.

El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda pidió ser reconocido como querellante en la causa penal, lo que le permitirá participar activamente del proceso judicial. Desde la presentación, el denunciante dejó abierta la posibilidad de ampliar la denuncia y presentar nuevas pruebas para que se esclarezca la verdad y sea resarcido el Estado Provincial.

Además, hay otras denuncias penales que se realizaron en la Justicia provincial y federal, y otras que se realizarán en las próximas semanas, todas vinculadas a la ejecución de la obra pública del período 2015 a 2023.