Dicha denuncia señala una supuesta administración fraudulenta de bienes del Estado Provincial y la entrega irregular de lotes en la zona de la costanera local, un área privilegiada por su alto valor económico, que habrían sido otorgados a personas que no cumplían con los requisitos legales establecidos.

Mansilla afirma que las adjudicaciones se realizaron sin respetar la normativa vigente, beneficiando de manera discrecional a personas vinculadas políticamente con el entonces presidente del IDUV.

Además, según consta en la presentación realizada por Mansilla ante la justicia, el Sr. Grasso, en su calidad de presidente del IDUV, no tenía facultades legales para disponer de esos bienes. Según la Ley 1179, que regula las atribuciones del organismo, cualquier adjudicación debía cumplir estrictamente con los procedimientos establecidos, algo que, según la denuncia, no se respetó.

Según la denuncia, estas acciones reflejan una desviación del principal objetivo de la función pública, que es "la búsqueda del bien común y el compromiso de lealtad con los habitantes de la provincia", lo que habría llevado a beneficiar intereses particulares por encima de las necesidades de la comunidad.

Mansilla también señaló que la mayoría de los lotes fueron asignados a exfuncionarios del gobierno de Alicia Kirchner o a allegados de Pablo Grasso, en un proceso que describió como "discrecional y desigual".

La denuncia, fue formalizada el viernes 29 de noviembre mediante el sistema SIPED, en el Juzgado de Instrucción N°2, y señala que el sistema de entregas implementado por los Grasso, habría vulnerado las leyes vigentes, dejando de lado a quienes, cumpliendo con todos los requisitos legales, como la presentación de expedientes, trámites y años de espera, nunca tuvieron la oportunidad de acceder a un lote con servicios.