En una entrevista brindada a LU14 Radio Provincia, Pérez señaló que el haber mínimo previsional en Santa Cruz se ubica actualmente en 774.000 pesos, y remarcó que el aumento dispuesto por el TSJ (del 3 y 4% por mes), para el período enero-octubre de 2026, equivale, en términos reales, a un haber mínimo previsional por mes para cada integrante de la cúpula judicial.

“Esto quiero que quede claro: de enero a octubre, este aumento representa diez haberes mínimos previsionales. Es decir, un haber mínimo por mes para cada integrante del Tribunal Superior de Justicia”, subrayó el titular de la CPS, al poner en dimensión el impacto de la decisión.

Según explicó, el esquema aprobado implica un incremento acumulado cercano al 42%, muy por encima de las proyecciones inflacionarias para 2026, estimadas entre el 21% y el 22%. “Estamos hablando de más del doble de la inflación proyectada. Por eso hablo de una irresponsabilidad institucional”, sostuvo.

Impacto directo en el sistema previsional

Pérez advirtió que el sistema previsional provincial no está en condiciones de absorber aumentos definidos sin responsabilidad institucional ni respaldo financiero. “El sistema previsional es solidario y de reparto. Se sostiene con los aportes de los trabajadores activos, que todos los meses ven reflejado ese descuento en su recibo de sueldo”, explicó.

En ese sentido, remarcó que decisiones salariales de este tipo no sólo tienen un impacto económico inmediato, sino que también envían un mensaje negativo a la sociedad. “Estamos hablando de un aumento que, en términos previsionales, permitiría que diez personas cobren un haber mínimo. Y esto se define de manera unilateral, sin diálogo previo y sin consulta a la Caja”, cuestionó.

El presidente de la CPS recordó además que existen magistrados y funcionarios judiciales que ya se encuentran en condiciones de jubilarse o próximos a hacerlo, lo que agrava aún más el impacto financiero de la medida en el mediano plazo.

Independencia y responsabilidad

Pérez aclaró que el debate no pasa por la independencia del Poder Judicial, sino por la forma en que se ejerce. “El problema no es que el Poder Judicial sea independiente, sino cómo se ejerce esa independencia. La autarquía no puede usarse para desentenderse de las consecuencias previsionales de las decisiones que se toman”, afirmó.

Incluso planteó la necesidad de dar una discusión más profunda como sociedad: “Tenemos que preguntarnos si corresponde que exista un régimen especial con el mismo aporte personal que el régimen general, cuando se toman decisiones que impactan de esta manera en el sistema que sostenemos entre todos”.

"Crisis selectiva"

El titular de la Caja también recordó que el propio Tribunal Superior había rechazado recientemente la ampliación de su integración alegando falta de recursos. “En ese momento se dijo que no se podían sumar nuevos integrantes por la crisis económica, pero ahora sí hay recursos para aumentar los sueldos de la cúpula. Es una crisis selectiva”, señaló.

Pérez insistió en la necesidad de avanzar hacia una mayor coordinación entre los poderes del Estado y los municipios. “Cualquier modificación salarial, ya sea un aumento o un bono, impacta directamente en el sistema previsional. Por eso tiene que haber estudios técnicos y diálogo previo. No se pueden tomar decisiones unilaterales que luego terminan perjudicando a la Caja y, en definitiva, a los jubilados”, concluyó.