Autoridades del Consejo Provincial de Educación recibieron hoy a las familias de los estudiantes que concurren al Instituto Cristiano de Enseñanza Patagónica (ICEP) de Río Gallegos para explicar los procedimientos administrativos que se llevaron adelante previos a la suspensión de la subvención, los alcances de esta medida y la información que debe cumplimentar la institución para regularizar la situación.

En este sentido, el vicepresidente del CPE, Ismael Enrique y la secretaria de Coordinación Educativa del Organismo, Norma Benedetto enfatizaron que la intención de la cartera educativa es privilegiar a los estudiantes y garantizar el derecho a acceder a sus aprendizajes en condiciones óptimas. Para ello es necesario que todas las instituciones educativas de la provincia, sean de gestión privada o pública, se adecuen a la normativa vigente.

En este sentido, explicaron que desde comienzo de año funcionarios del CPE se acercaron a la institución para requerir información como el registro de alumnos (información que todas las instituciones remiten al CPE al finalizar el año escolar), documentos que sistemáticamente fueron negados. En junio, en dos oportunidades, funcionarios de la cartera educativa concurrieron al citado establecimiento para supervisar aspectos pedagógicos, administrativos, contables y también se hicieron presentes la personal de la Contaduría General de Provincia y  la Secretaria de Estado de Trabajo. En esta ocasión, la Escribana Mayor de Gobierno constató mediante acta el impedimento del ingreso.

En este sentido, reafirmaron que la normativa vigente permite en el caso de negarse el reconocimiento, lo que todavía está por resolverse, el Consejo de Educación podrá convalidar los estudios realizados en estos alumnos matriculados provisoriamente y darle ingreso a escuelas públicas y otras escuelas de gestión privada reconocidas.

También brindaron información sobre el aumento de las cuotas de la Institución y detallaron que el decreto 2417/93 indica que los institutos  privados deberán informar fehacientemente a los padres antes del 31 de octubre de cada año y para el periodo lectivo siguiente el importe de la matrícula y para aumentar deberán pedir autorización al Consejo de Educación y la Secretaria de Comercio.