Las familias, preocupadas por el impacto económico que estos aumentos provocan, se vieron obligadas a acudir al gobierno provincial ante la falta de respuesta por parte de las autoridades del colegio. Además de la vulnerabilidad económica que genera esta situación, los padres temen que la continuidad educativa de sus hijos se vea comprometida.

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, siempre comprometido con la educación y el bienestar de las familias, está evaluando los pasos a seguir. En el marco de la situación las autoridades estudian la posibilidad de convocar a los padres afectados a una reunión, con el objetivo de escuchar sus reclamos de primera mano y analizar la información que han presentado en sus notas.

Este movimiento muestra una vez más la firme intención del gobierno provincial de actuar en defensa de los derechos de las familias y garantizar la educación. 

Santa Cruz continúa apostando por un diálogo abierto entre las instituciones educativas, el gobierno y las familias para buscar soluciones que aseguren la estabilidad en el ámbito educativo.