En las instalaciones del Complejo Cultural de la ciudad Río Gallegos y en el marco de la capacitación obligatoria de la Ley Micaela, desde la Dirección de Abordaje Integral de Contextos Laborales Educativos perteneciente al CPE, se llevó adelante un nuevo encuentro de sensibilización en la temática de género y diversidades.

La actividad, en la que participaron 62 personas y que tuvo una duración de 3 horas, se va a seguir replicando no sólo en la localidad de Río Gallegos sino también en todo el territorio provincial con la dinámica tipo taller.

En este sentido, la directora de Abordaje Integral de Contextos Laborales Educativos, Laura Pucci, expresó que “el intercambio entre los auxiliares es bueno porque permite acercar las herramientas para orientar a las compañeras cuando son víctimas de violencia de género”.

Además, destacó que “la propuesta permitirá identificar los indicadores de violencia y hacer un abordaje rápido y eficaz ante este tipo de situaciones”.

Por otra parte, Pucci, precisó que “los auxiliares se muestran conformes con estos espacios porque les permite tener información concreta de qué hacer, a dónde acudir, a quién llamar y cómo hacer una intervención en este tipo de situaciones”.

Sobre la ley

Fue promulgada el 10 de enero de 2019. La misma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.

Asimismo, propone lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.

Al mismo tiempo, busca transmitir herramientas y deconstruir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado.