En un contexto económico complejo, el Gobierno de Santa Cruz lanzó el Programa de Desarrollo Emprendedor de la Economía Social, una iniciativa que busca transformar la asistencia en oportunidades concretas de producción y empleo.

El anuncio se realizó en el Auditorio “Luis Villarreal” del Complejo Cultural, donde el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, dejó una definición política clara: “En políticas de Desarrollo Social, es prioridad de este Gobierno escuchar al otro”.

El programa apunta a capacitar a emprendedores, fortalecer proyectos existentes y generar nuevas unidades productivas dentro del entramado de la economía social, un sector históricamente postergado pero clave para el desarrollo local.

Dicho programa, es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, desde la Secretaría de Estado de Economía Social; en articulación con el Consejo Provincial de Educación, a través del InSET.

Un cambio de enfoque: del asistencialismo a la autonomía

Georgion fue directo al plantear el eje de la política social actual: dejar atrás la lógica asistencialista para avanzar hacia un modelo que promueva la independencia económica.

“El crecimiento viene del trabajo, la producción y la educación”, subrayó, alineando su discurso con los tres pilares de gestión que impulsa el gobernador Claudio Vidal.

Este enfoque no es menor. En provincias con fuerte dependencia del empleo público y transferencias estatales, como Santa Cruz, la transición hacia esquemas productivos implica un cambio estructural: pasar de políticas de contención a políticas de generación de valor.

Marco legal: qué dicen las leyes sobre economía social

El programa se inscribe dentro de un marco normativo más amplio que reconoce a la economía social como herramienta de inclusión:

Ley Nacional N° 26.117 (Microcrédito): promueve el acceso al financiamiento para pequeños emprendimientos productivos. Su espíritu es claro: democratizar el crédito para quienes quedan fuera del sistema bancario tradicional.

Ley N° 27.345 (Emergencia Social): establece políticas de promoción del trabajo en sectores vulnerables, incluyendo cooperativas y unidades productivas.

Normativas provinciales de promoción social y productiva: habilitan la articulación entre ministerios para ejecutar programas que integren capacitación, asistencia técnica y financiamiento.

El alcance de estas leyes es clave: permiten que programas como el presentado no sean acciones aisladas, sino parte de una política pública sostenida, con financiamiento y respaldo institucional.

En ese sentido, la iniciativa provincial se apoya en tres pilares legales:

Acceso a herramientas productivas (crédito, insumos, capacitación).

Formalización de emprendimientos dentro de la economía social.

Articulación estatal para evitar la fragmentación de políticas.

Una deuda histórica

Uno de los puntos más relevantes del discurso del titular de Desarrollo

Social fue el énfasis en la coordinación entre áreas del Estado. “Es importante que cada ministerio se corra del individualismo y proyectar entre todos”, sostuvo Sebastián Georgión.

La falta de articulación ha sido, históricamente, uno de los principales obstáculos en políticas sociales: programas duplicados, recursos mal asignados y bajo impacto real. La apuesta actual busca corregir ese déficit mediante un trabajo conjunto entre organismos provinciales, incluyendo el InSET y distintas áreas del gabinete.

Educación y derechos: la base del cambio social

El programa no se limita a la capacitación técnica. También incorpora una dimensión formativa más profunda: la construcción de ciudadanía económica.

“Educar y darles a entender que tienen derechos y la posibilidad de trascender más allá de la ayuda del Estado”, remarcó el ministro Georgión.

Aquí aparece un concepto central: el de “titulares de derecho”, que implica reconocer a las personas no como beneficiarias pasivas, sino como sujetos activos capaces de generar ingresos y desarrollo económico.

Un desafío ambicioso

El objetivo es amplio. ¿Podría cambiar la matriz económica de los emprendedores? Si logra consolidarse, el programa podría:

Reducir la dependencia de planes sociales.

Generar nuevas cadenas de valor locales.

Fortalecer el entramado productivo regional.

Promover empleo genuino en sectores informales.

Sin embargo, su éxito dependerá de factores clave: continuidad en el tiempo, financiamiento sostenido y, sobre todo, capacidad de transformar la capacitación en proyectos económicamente viables. Y en eso se compromete el Gobierno de Santa Cruz.

Una señal política en tiempos de crisis

En medio de un escenario socioeconómico adverso, el lanzamiento del programa envía una señal clara: el Gobierno provincial busca reconfigurar el rol del Estado en materia social.

“No hay salidas individuales”, concluyó Sebastián Georgion. “Nadie se salva solo”. La frase sintetiza el espíritu de la iniciativa: una política que intenta combinar presencia estatal, desarrollo productivo y responsabilidad colectiva para salir de la crisis.

Durante el acto de presentación, estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; el secretario de Estado de Economía Social, Alberto Parsons; el rector del InSet, Manuel Gramajo entre otras autoridades de la cartera social y educativa.

Contando además con la presencia del secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga; las subsecretarias Micaela Velázquez; Nelly Ruiz y Alejandra Ulloa. Por parte de la institución educativa acompañaron la jornada la directora provincial de Educación Técnica Profesional: Sandra Ortiz; la directora general Romina Santarelli; y el coordinador de capacitaciones Juan José Cabral.