La provincia avanza en la implementación de protocolos que buscan transformar la realidad del sistema penitenciario, poniendo especial énfasis en la intersección entre el encierro y el bienestar psíquico. El subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rubén Fernández, destacó que las problemáticas de las personas privadas de su libertad y aquellas con padecimientos mentales comparten núcleos comunes como la discriminación y las barreras en el acceso a servicios de calidad. Bajo esta premisa, se iniciaron reuniones clave con organizaciones como el Vivero Terapéutico para integrar a los usuarios y sus familias en los órganos de revisión.

Fortalecimiento institucional y participación civil

"Es fundamental que las asociaciones que trabajan con personas privadas de libertad sean seleccionadas con la participación activa de los familiares, quienes a menudo se sienten aislados por la mirada estigmatizante de la sociedad", explicó Fernández. El funcionario subrayó que la propuesta actual busca establecer una mesa de trabajo que convoque a la Defensoría General y al Servicio Penitenciario para operativizar la selección de las entidades que integrarán el comité preventivo, tal como lo solicita la Cámara de Diputados y los informes de organismos nacionales.

La estrategia contempla una mirada transversal donde la salud mental no sea un compartimento estanco. Fernández señaló la necesidad de capacitar a los profesionales del sistema de seguridad para la creación de grupos terapéuticos que generen un impacto real en la población carcelaria. "Buscamos que los internos reciban el tratamiento que necesitan, entendiendo que el cumplimiento de los derechos humanos dentro del sistema evita lesiones de derechos que perjudican a toda la estructura estatal", afirmó el licenciado en relación a la importancia de profesionalizar la asistencia.

En un contexto nacional de alta exigencia para los sistemas penitenciarios, la provincia observa con atención las estadísticas de personas procesadas que aún no cuentan con condena firme, lo cual presiona sobre los recursos disponibles. Fernández identificó niveles de riesgo institucionales, vinculando los tratos degradantes no solo a la violencia física, sino también a la falta de defensa legal efectiva. "Nuestra función es velar por que se ajuste a derecho cada procedimiento; dentro de la ley todo, fuera de ella nada", sentenció el subsecretario.

El horizonte para este año se fija en la operatividad plena de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura antes de diciembre, integrando a los tres poderes del Estado en una labor preventiva. La meta final trasciende la fiscalización para posicionarse como una herramienta de reparación y garantía democrática, donde la perspectiva de derechos humanos sea un eje rector de todas las áreas del Estado provincial en su interacción con la ciudadanía.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / LU14 Radio Provincia de Santa Cruz.