Entre los principales ejes de acción de las políticas públicas del Gobierno provincial se encuentra la de proteger y promover, taxativamente, los derechos de niños, niñas y adolescentes que habitan el territorio provincial.

En ese contexto, además de incorporar toda legislación nacional que se encamine en ese sentido y analizar todo tratado internacional que aporte en esa perspectiva, una de las acciones en la que se pone mayor énfasis es en la aplicación de las normas que determinan los lineamientos orientados a dar efectiva protección integral de los derechos.

Promover esos derechos implica, entre otras cosas, reconocerle a los niñas, niños y adolescentes su condición de sujetos de derecho, su derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta, a que se respete su pleno desarrollo en un medio familiar, social y cultural, y a que se tenga en consideración su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.

Ambas legislaciones recalcan también la necesidad de tener una mirada en el equilibrio justo entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común y a tener en cuenta su “centro de vida”, entendiendo en este concepto el lugar donde han transcurrido, en condiciones legítimas, la mayor parte de su existencia.