Durante la jornada, se inauguró la Mesa Permanente de Políticas Públicas de la Diversidad Sexual y la Mesa de Pluralismo Cultural; a su vez, funcionó en paralelo el Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias.

Entre los temas tratados figuraron: Violencia Institucional, Crímenes de Lesa Humanidad, Violencia de Género, Diversidad Cultural y Diversidad Sexual.  

En el encuentro, las distintas provincias transmitieron un balance de las políticas públicas que se llevan adelante en cada lugar y realizaron un análisis sobre la situación que vive el país en materia de Derechos Humanos.

Respecto al panorama nacional, Pietragalla manifestó la preocupación por los hechos de represión que se han observado en los últimos meses en nuestro país, de gran gravedad en las provincias de Jujuy y Buenos Aires, así como también, por la persecución política sufrida por trabajadores del Estado nacional, la criminalización de la protesta  social y los hechos de discriminación y cosificación hacia las mujeres ocurridos en semanas anteriores. Ante estos temas, expresó que esos sucesos atentan contra la integridad y vigencia de los Derechos Humanos de los argentinos.

Acorde a lo manifestado, representantes de once provincias (La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Entre Ríos, Río Negro, Misiones, Santa Cruz, Chaco, Tucumán, Neuquén y La Pampa) plantearon intranquilidad por la vulnerabilidad de derechos y lo plasmaron conjuntamente en un documento que se adjunta a continuación.  

San Miguel de Tucumán, 29 de julio de 2016

Los representantes y las representantes de las provincias argentinas abajo firmantes, reunidos/as en el XXIV Consejo Federal de Derechos Humanos, expresamos nuestra preocupación por:

- la concesión sistemática, por parte de la Justicia, de arrestos domiciliarios a represores.

- fallos judiciales que niegan la calificación de Crímenes de Lesa Humanidad a asesinatos perpetrados por las Fuerzas Armadas en el marco del plan sistemático de exterminio.

- participación en desfiles oficiales de represores y referentes de levantamientos contra las instituciones democráticas.

- la cesión de facultades propias de las autoridades políticas al Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

- el aumento salvaje de las tarifas, que atenta contra derechos básicos de amplios sectores de nuestro Pueblo.

- afirmaciones insistentes de instrumentar una flexibilización laboral.

- insinuaciones de aumentar la edad jubilatoria de mujeres y varones.

- la continuidad de la prisión de dirigentes sociales como Milagro Sala, compañeros y compañeras.

- la continuidad sostenida de suspensiones y despidos de trabajadores y trabajadoras.

- los precios descontrolados e inalcanzables de productos básicos de la canasta familiar.

- el uso de la base de datos del ANSES por otros organismos, violando normas de protección de datos personales.

- la represión  en algunas jurisdicciones, de manifestaciones públicas, como lo sucedido con trabajadores y trabajadoras del Ingenio Ledesma.

- la promoción en Tecnópolis de estereotipos banales y cosificadores de la mujer.

- la dolorosa constatación de violencia institucional en comisarías, procedimientos, penitenciarias, centros de salud mental y atención a adultos/as mayores, en toda la geografía de la Patria, en formas de tortura, tratos crueles e inhumanos, que contaminan de indignidad nuestro estado democrático y que son "lacras" de un pasado nefasto.

Frente a estos datos de la realidad actual y en nuestro carácter de responsables institucionales del reaseguro de los derechos de nuestros/as ciudadanos/as es que ratificamos nuestro firme compromiso de:

- no permitir la instalación y legalización, formal o solapada, de la llamada “Teoría de los dos demonios” en dichos y prácticas de organismos estatales, atentando contra la Verdad, pilar inherente de la vida democrática.

- reconocer como derechos fundamentales el agua, la electricidad y el gas, que no pueden ser una mercancía subordinada a las leyes del mercado.

- garantizar el derecho universal al trabajo y la jubilación, esenciales a la dignidad humana.

- erradicar prácticas de linchamiento mediático y persecución judicial y política a opositores/as.

- solidarizarnos con los y las miles de compatriotas suspendidos/as y despedidos/as y reclamar con ellos y ellas por reincorporaciones masivas y reactivación de la actividad productiva.

- afirmar con fuerza que una verdadera Democracia no admite represión y criminalización de la protesta social.

- alertar sobre la intromisión en bases de datos, que sólo son lícitas para hacer efectivos los derechos y no para otros fines que colisionaran con la protección de información personal.

- instar a que el Estado sea promotor de valores culturales consecuentes con la Democracia, la Igualdad, los Derechos Humanos y no cómplice del consumismo individualista y la cosificación de la mujer.

- exigir la creación de mecanismos que sean prácticos y eficientes en la erradicación de conductas aberrantes del Estado, que son una herida sangrante para la Humanidad.

Sin creernos dueños o dueñas de la verdad, reconociendo con madurez política lo que el Pueblo eligió en las urnas en elecciones limpias y libres, desde nuestras convicciones y compromiso institucional y militante hacemos este aporte con el único fin de contribuir, desde la sinceridad y la humildad, a seguir construyendo una Patria cada vez mejor, más justa y con más derechos.

Lilia Marien Marchesini - Ministra DD HH de Misiones

Hugo Figueroa - Secretario DD HH de Santiago del Estero

Delfor Brizuela - Secretario DD HH de La Rioja

Horacio Pietragalla - Secretario DD HH de Santa Cruz

Daniel Badié - Secretario DD HH de Río Negro

Hernán Velardez - Director DD HH de Catamarca

Juan Carlos Goya - Secretario DD HH de Chaco

Erika Brunoto - Secretaria DD HH de Tucumán

Matías Germano - Secretario DD HH de Entre Ríos

Antonio Curciarello - Secretario DD HH de La Pampa