Estas iniciativas fueron elaboradas de manera articulada con 44 organismos nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes del Estado; y tienen como objetivo mejorar cualitativamente la asistencia a las víctimas rescatadas de redes de trata mediante el establecimiento de cupos de reinserción laboral en el ámbito del Estado, informaron fuentes oficiales.

También contempla la realización de un estatuto especial de acceso a la vivienda, el fortalecimiento de los planes de apoyo, la extensión de los tratamientos psicológicos y/o psiquiátricos para cada víctima de acuerdo a su necesidad, y la incorporación de las víctimas de trata laboral rural como sujetos de derecho en la reglamentación de la ley de agricultura familiar para el acceso a tierras fiscales y programas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otras acciones.

Asimismo, comprende la reparación mediante bienes incautados a las redes de trata ad referéndum de la sentencia judicial definitiva y el fortalecimiento y puesta en funcionamiento del fondo fiduciario para disponer de los bienes decomisados en beneficio de las víctimas de trata, añadieron las fuentes.