El Gobierno de Santa Cruz, en un trabajo coordinado entre la Secretaría de Estado de Ambiente y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Puerto Deseado, llevó adelante controles y fiscalizaciones a empresas pesqueras, en el marco de la adecuación de la industria a la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental N° 2.658.
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