El gobernador Claudio Vidal descubrió una serie de irregularidades, que podrían constituir supuestos delitos. En tal sentido, solicitó varios pedidos de renuncias a los cargos más altos de la empresa de Servicios Públicos. La sospecha cae sobre una organización dedicada a robar agua potable, para venderla en forma privada, afectando a la población de Caleta Olivia.
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